Diez características que determinan la denominada Nueva Gestión Pública, como modelo de privatización de la gestión en la educación.
1) Las denominadas tres Es, o sea economía, eficacia, eficiencia, como referencia clave de toda actuación y de cualquier proceso y resultado, unidas a la idea de calidad que se podría asimilar a la de eficacia.
2) La relevancia del individuo por encima de la comunidad.
3) La rentabilidad como elemento de referencia en cualquier proceso, siendo la empleabilidad su principal objetivo en un marco de competitividad.
4) La redistribución de la estructura administrativa buscando una administración ligera y contratando con organismos privados y sociales siempre que sea necesario. Si puede actuar la empresa privada no es necesario que intervenga lo público. Queda clara la preeminencia de lo privado sobre lo público, que se convierte en subsidiario donde no pueda llegar lo privado.
5) La descentralización de las decisiones.
6) La flexibilidad en la organización y dirección.
7) El uso de mecanismos de mercado, sobre todo la competitividad como elemento regulador, y mecanismos incentivadores para premiar logros y sancionar fallos.
8) La incorporación de la idea de cliente y usuario en lugar de la de ciudadano.
9) La importancia de los sistemas estandarizados y estrictos de control, sobre todo desde los resultados, resaltando la rendición de cuentas, así como la medición y evaluación del desempeño.
10) El énfasis en los resultados más que en los procesos. Lo que importa es el resultado, no el proceso ni mucho menos los inputs.
1. Economía, eficacia, eficiencia, calidad
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2. Relevancia del individuo
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3. Rentabilidad. Empleabilidad
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4. Preeminencia de lo privado sobre lo público
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5. Descentralización de las decisiones
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6. Flexibilidad en la organización y dirección
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7. Mecanismos de mercado (competitividad)
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8. Cliente/usuario en lugar de la de ciudadano
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9. Sistemas estandarizados y estrictos de control
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10. Énfasis en los resultados
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Características de la NGP en el ámbito educativo
Estas diez características suponen el desembarco de las ideas neoliberales en la gestión de lo público. Sin embargo, en España hay que añadir la influencia de las ideas neoconservadoras que siguen teniendo una fuerza nada desdeñable sobre todo en el ámbito educativo, en parte por la influencia de la iglesia católica, o mejor dicho de su establishment, que no desea perder sus privilegios e influencia en la educación de las distintas generaciones en nuestro país.
Los neoconservadores están preocupados esencialmente por la restauración cultural, por los valores tradicionales. Como nos dice R. Feito (2002:28) “Su pretensión es mantener las tradiciones culturales y no perder el control del Estado. Por ello, tratan de establecer mecanismos más estrictos de control del conocimiento, de la moral y de los valores recurriendo a un currículum estatal o a exámenes estatales… Piensan que solo a través del establecimiento de un fuerte control central conseguirán su lugar en el curriculum el contenido y los valores del conocimiento legítimo.” Buscan el mantenimiento de los viejos valores y de las tradiciones, pretenden que el sistema educativo promueva valores tradicionales, que mantenga la identidad nacional.
Por ello, en la LOMCE hay medidas y propuestas en esta línea, como la eliminación de la materia de “Educación para la Ciudadanía”. La asignatura que ocupa el lugar de esta materia se llama Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria. Va a ser la alternativa para los alumnos que no cursen Religión. Según la LOMCE, ambas tienen una carga horaria equivalente a la carga horaria media del resto de asignaturas ofrecidas en el bloque de asignaturas específicas. Asimismo, tratan de imponer un currículum similar para todos, traspasando competencias de las CCAA al Gobierno central, ya que el Gobierno decide los contenidos y el horario mínimo de las materias troncales y diseña las evaluaciones al final de etapa, comunes a todos los alumnos, fijando los objetivos y criterios de evaluación de las materias específicas, cuyos contenidos fijarán las autonomías. Además, modifica las competencias de la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas, y corrige la definición de currículo, en la que incorpora estándares de evaluación, que lógicamente decide el Gobierno central.